El presidente de EEUU, Donald Trump, aprobó la autorización de la ley para regular el uso recreativo de los drones en el país. Este nuevo estatuto incluye una cláusula que le daría a las agencias de seguridad la autoridad de monitorear, interceptar y derribar sin la aprobación de un juez cualquier dron que sea considerado una amenaza.
Desde que Trump anunció la autorización de la ley, la Administración Federal de Aviación (FAA) se encuentra midiendo el impacto que esta medida tendrá sobre los pilotos de UAV en el país.
Los partidarios de la norma la califican como "necesaria porque algún terrorista podría aprender a usar una aeronave teledirigida para perpetrar un ataque en medio de la población civil". Sin embargo, a partir de ahora, el Gobierno estadounidense no necesitará una orden judicial para derribar un dron privado, que es algo que critican las organizaciones a favor de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation (EFF).
En este sentido, portavoces de ACLU indicaron que "estas disposiciones le dan, prácticamente, al Gobierno carta blanca para vigilar, incautar o incluso disparar a un avión no tripulado, ya sea propiedad de periodistas o entidades comerciales, sin la supervisión ni el debido proceso".
Con esta medida, el Gobierno quiere evitar problemas. Algo que no solo es posible, sino que ya ha sucedido. De hecho, en julio, portavoces de la Casa Blanca afirmaron que los drones privados "sí han causado accidentes, entrando en áreas prohibidas como los aeropuertos y en terreno de la residencia presidencial".
Foto: FAA.